Suele utilizarse la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas para justificar medidas gubernativas encaminadas a satisfacer reclamaciones de sus ciudadanos. Un análisis superficial de las mismas, al ciudadano bienintencionado puede parecerle que responde a su requisitoria. Un análisis mas profundo, utilizando la plantilla de los derechos inalienables de la persona, nos permite ver los sesgos ideológicos que encierran.
Dicen las normas que el ciudadano tiene derecho a la educación “pública”. Lo que dicen, realmente, es que el ciudadano recibirá la educación planificada desde el Gobierno. El Estado proveerá los medios materiales para llevarlo a término. No dicen que los medios materiales comprometidos salen de los impuestos a los ciudadanos: dicen que son gratuitos.
La Norma deja entrever que es el Estado el benefactor de los ciudadanos cual maná inagotable. En tanto la economía del país cubra los gastos, la gente bienintencionada pensará que recibe un servicio a cambio de nada. Este hecho se interiorizará como el “gratis total”, eufemísticamente conocido como el “Estado del Bienestar”.
Cuando la economía del país se deteriora, es decir no cubre los gastos, todos los servicios del gratis total se perjudican y el ciudadano reclama los “derechos” perdidos.
Esta podría ser la película de la historia de la Enseñanza en una sociedad moderna.
¿Que ha pasado con la Libertad de la Persona?.
El planteamiento de “Enseñanza Pública” coarta automáticamente la libertad del individuo, por las siguientes razones:
1 No puede elegir escuela.
2 No puede elegir ideario.
3 No puede utilizar la enseñanza familiar.
4 No puede crear establecimientos de enseñanza.
5 Se produce Despilfarro.
Resultado: Solo podrán ejercer sus libertades los ciudadanos con niveles económicos suficientes.
Esta discriminación produce la envidia de unos y el rechazo de otros, creando un enfrentamiento de “clases”, como si fuera el ciudadano el responsable de la situación. No es el ciudadano, son las normas liberticidas las responsables de dicha discriminación.
Los políticos pretenden redistribuir la renta de un país entre sus habitantes de la forma mas equitativa y razonable posible, pero sus ideologías les traicionan. Confunden redistribución vs. control. Y cualquier control se traduce, antes o después, en perdida de libertad.
OTRA FORMA DE HACER LAS COSAS.-
La redistribución de la riqueza de un país la legislan los políticos atendiendo a su ideología. Las ideologías que creen en el “estado benefactor” provocan injusticias como las descritas, no consiguiendo los fines que pretendían. Las ideologías que creen en el individuo confían el desarrollo de la enseñanza a la sociedad, o mejor dicho deberían confiar. Y deberían confiarla a la sociedad por las siguientes razones:
1 Es mas barata.
2 Superior calidad.
3 Competitiva.
4 Libertad de elección.
5 Libertad de ideario.
6 Libertad de establecimiento.
7 Seguridad ante las crisis.
Resultado: Se ha evitado la discriminación.
¿Como redistribuimos la renta?
La renta debe distribuirse con el cheque escolar. Cada ciudadano recibirá la cantidad que le corresponda con arreglo a su nivel económico y a la riqueza del país.
• Recibirán más los que menos tengan y lo necesiten.
• No recibirán nada los que tengan medios suficientes o no lo necesiten.
• Garantizamos economía, redistribución de la renta y libertad.
• Aumentamos la responsabilidad de los ciudadanos ante la sociedad.
• Estimulamos la iniciativa privada.
Hasta aquí las reflexiones sobre la realidad del sector de la enseñanza en España.
ANALISIS DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
Que dice:
1 Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2 La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3 Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4 La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5 Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6 Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7 Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
8 Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9 Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
10 Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca
Una lectura apresurada del artículo nos lleva a pensar que hay incoherencia entre la redacción y la realidad de su aplicación, en el día a día que vivimos.
La lectura sosegada del mismo destaca las “infiltraciones ideológicas” que permiten tal incoherencia.
El punto 1 dice que todos tienen el derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. Matiza en el punto 5 que los “poderes públicos” garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una PROGRAMACIÓN……etc. El punto 4 dice que la enseñanza es obligatoria y gratuita.
En castellano llano se dice que se da una de cal y otra de arena: Se proclama la libertad, para coartarla a continuación. Y se dice, además, que será gratuita, -¡mentira!, nada hay gratuito. En resumidas cuentas lo que se legisla es la permisividad a los Partidos Políticos para que apliquen su ideología sin incurrir en ilegalidad. Hoy se habla en la calle de leyes de derechas o de izquierdas, cuando en realidad la enseñanza debiera carecer de ideología.
PROPUESTA DE REDACCIÓN.-
El Estado garantizará la libertad de los ciudadanos para elegir la enseñanza, propia y la de sus hijos, acorde a sus intereses personales y familiares. El Estado asignará una partida presupuestaria para facilitar a los ciudadanos que lo necesiten los medios económicos adecuados a su poder adquisitivo para cumplir con esta obligación.
La redacción actual es engañosa, miente, garantiza sin saber si se podrá cumplir y por si fuera poco se compromete con la creación de infraestructuras que son cargas impositivas indefinidas para todos los ciudadanos.
HACIENDA SOMOS TODOS, dice un eslogan del Ministerio. Pero solo se usa cuando se trata de cobrar los impuestos. Cuando se trata de vender servicios, estos son gratuitos. Lo cierto es que el coste por alumno/año en la escuela pública cuesta unos 5.000€; por el contrario la concertada no llega a 2.000€. ¿cual es la razón para obligar a los ciudadanos a pagar dicha diferencia con sus impuestos?. Solo la doctrina sectaria puede explicarla, convirtiendo a las ciudadanos de un país en súbditos al perder su libertad para elegir.
No doy por finalizado este asunto porque está incompleto y porque los asuntos tratados admiten refinamiento. En este documento solo pretendo hacer ver al lector que no siempre las frases dicen lo que uno cree que dicen, o lo que uno quiere creer que dicen. Solo los hechos demostrarán el verdadero sentido de las normas.
